De la Infracción Administrativa al Delito contra la Hacienda Pública
Es fundamental distinguir entre una irregularidad fiscal y un delito. No toda omisión o error en una declaración de impuestos constituye un ilícito penal. La clave reside en dos elementos: la cuantía defraudada y la intencionalidad (dolo).
El Artículo 305 del Código Penal establece el marco del delito fiscal. Se comete este delito cuando, por acción u omisión, se defrauda a la Hacienda Pública una cantidad que supere los 120.000 euros de cuota tributaria. Esto puede ocurrir al eludir el pago de tributos, no ingresar las cantidades retenidas o disfrutar indebidamente de beneficios fiscales.
Por debajo de este umbral, generalmente nos encontramos en el ámbito de las infracciones administrativas, sancionables con multas y recargos. Sin embargo, cuando se supera dicha cifra y se acredita la voluntad de engañar al erario público, las consecuencias se trasladan al ámbito penal, con penas que pueden incluir prisión de uno a cinco años y multas de hasta el séxtuplo de la cantidad defraudada.
Las Prácticas Fraudulentas Más Perseguidas por la Agencia Tributaria
La Agencia Tributaria ha centrado su atención en dos modalidades de fraude especialmente recurrentes en el entorno de los influencers con altos ingresos.
1. Fraude de IVA en la Compraventa de Vehículos de Lujo
Una de las operativas detectadas consiste en la creación de tramas de fraude de IVA a través de la compraventa de vehículos de alta gama. El mecanismo, aunque complejo en su ejecución, es conceptualmente simple:
- Un influencer, a través de una sociedad, adquiere un vehículo de lujo en otro país de la Unión Europea. Al tratarse de una adquisición intracomunitaria, la operación está exenta de IVA en origen.
- Posteriormente, el vehículo se vende en España. En esta venta, se debería repercutir e ingresar el IVA español correspondiente.
- El fraude se consuma cuando la sociedad vendedora no declara ni ingresa ese IVA a la Hacienda Pública, apropiándose de una cantidad que puede ser muy significativa dado el alto valor de los bienes.
Este tipo de esquemas, a menudo vinculados a tramas de «fraude carrusel», son perseguidos con especial celo por su grave impacto en la recaudación.
2. El Uso de Sociedades Pantalla: La Estrategia Más Compleja
La práctica más sofisticada y extendida es la interposición de «sociedades pantalla». Muchos influencers, al generar ingresos muy elevados, se enfrentan a los tramos más altos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que pueden superar el 47%. Para evitar esta alta tributación, algunos optan por facturar sus servicios a través de una sociedad mercantil.
El problema surge cuando dicha sociedad es un mero instrumento sin sustancia económica real. La finalidad es tributar los beneficios al tipo fijo del Impuesto de Sociedades (generalmente un 25%), en lugar de hacerlo por el IRPF.
¿Cuándo se considera que una sociedad es «pantalla»?
La Administración Tributaria analiza una serie de indicios para determinar si una sociedad carece de estructura y actividad real:
Falta de medios materiales y humanos:
- La sociedad no tiene oficinas propias, empleados (más allá del propio influencer) ni una estructura empresarial genuina.
- Actividad personalísima:
- Los ingresos de la sociedad provienen exclusivamente de la actividad personal del influencer (su imagen, sus publicaciones, sus colaboraciones).
- Control total: El influencer es, en la práctica, quien toma todas las decisiones, aunque formalmente figure un administrador distinto.
Si se demuestra que la sociedad es una mera ficción creada con el único propósito de obtener un ahorro fiscal ilícito, la Agencia Tributaria puede regularizar la situación, imputando todos los ingresos a la persona física. Si la cuota defraudada supera los 120.000 euros, la conducta puede ser calificada como delito fiscal.
Además, el uso de estas estructuras puede dar lugar a un tipo agravado del delito. El Artículo 305 bis del Código Penal contempla penas de prisión de dos a seis años cuando la defraudación se comete utilizando «personas o entidades interpuestas» para ocultar la identidad del verdadero obligado tributario o la cuantía defraudada.
La Importancia de una Defensa Jurídica Especializada
La complejidad de estos casos, que a menudo involucran entramados societarios y operaciones financieras sofisticadas, exige un análisis jurídico pormenorizado. Demostrar la existencia de una estructura empresarial real o justificar una planificación fiscal legítima frente a las acusaciones de la Administración es una tarea que requiere un profundo conocimiento del derecho tributario y penal.
Para los profesionales del sector digital, es crucial contar con un asesoramiento preventivo que garantice el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Y, ante el inicio de una inspección o un procedimiento penal, una estrategia de defensa sólida, liderada por abogados expertos, es la única vía para proteger eficazmente los intereses del contribuyente y afrontar un proceso con las máximas garantías.